En un auto conocido este jueves, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat acuerda inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Cs contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta decisión es coincidente con el criterio de la Fiscalía.

El ministerio público aseguraba en su escrito que "la mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por lo tanto, un delito de malversación de fondos públicos".

Vox denunció a los tres miembros del Govern por los delitos de prevaricación administrativa y malversación por la creación del fondo con 10 millones de euros para avalar ante el Tribunal de Cuentas a los 34 encausados por supuestos gastos irregulares en la acción exterior del Ejecutivo catalán.