Esta norma, según recoge Servimedia, entra en vigor el "mismo día" de su publicación en el BOE, como así consta en el texto.

En la exposición de motivos que llevan al Ejecutivo a adoptar esta decisión, el Gobierno que preside Mariano Rajoy argumenta que "cuatro años después del inicio de la crisis financiera internacional, los problemas de confianza en el sector financiero y de restricción de crédito persisten" y que "los continuados problemas de liquidez y financiación junto con el fuerte deterioro de los activos de las entidades de crédito han incrementado las dificultades de acceso a la financiación con severos efectos sobre la economía real".

En este sentido, el Ejecutivo señala que "el principal lastre del sector bancario español es la magnitud de su exposición a los activos relacionados con el sector inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido a la reciente evolución de la economía".

Tras reconocer que se habían tomado medidas, dice que "hasta ahora no se han adoptado previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario".

Por ello, señala que con esta norma "se adoptan medidas que permitirán a las entidades financieras empezar el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas, lo cual mejorará la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema."

El Gobierno entiende que "se impone, asimismo, un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la misma base de cobertura de activos dudosos o subestándar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria".

"El ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias habrá de ejecutarse durante este mismo año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo, habrán de presentar al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento", señala el texto.

Además, este real decreto establece limitaciones en el sistema de remuneraciones de los directivos de entidades que hayan recibido apoyo público o hayan sido intervenidas.