Según Sáenz, la intención del Ejecutivo es establecer un sistema que permita vigilar las remuneraciones de los ejecutivos de las entidades que han contado con fondos públicos para superar sus problemas de viabilidad.

En este sentido, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, precisó que los presidentes de entidades intervenidas podrán cobrar como máximo 300.000 euros anuales por todos sus conceptos.

Esto supone "rebajarles" el sueldo a los presidentes un 76% sobre la media del sector y un 66% en el caso de los consejeros delegados.

Además, los miembros del Consejo de Administración no ejecutivos, la cuantía fija total anual por todos los conceptos no podrá superar los 50.000 euros anuales.

De acuerdo con el decreto del Gobierno, los directivos de cajas intervenidas por el Banco de España tampoco podrán percibir retribución variable ni en concepto de pensiones a lo largo de este ejercicio.

Por su parte, las entidades que han recibido apoyo público del Frob pero no han sido intervenidas tendrán un régimen diferente. Así, los presidentes dispondrán de un salario máximo anual de 600.000 euros, lo que supone un descenso del 67% sobre lo que cobraban de media.

En el caso de los consejeros no ejecutivos, el salario máximo será de 100.000 euros por todos los conceptos, un 65% menos de lo que venían percibiendo.

En este caso, tampoco peribirán salario variable, si bien a los tres años se valorará su labor y si han cumplido con el objetivo sí se procederá a pagarles esta parte de su salario.

El titular de Economía y Competitividad quiso dejar claro que el objetivo del Gobierno no es fijar las retribuciones del sector privado, si no de las entidades que están participadas por el Gobierno o con ayudas del Frob.

De Guindos desveló que ya ha recibido el informe solicitado al Banco de España sobre las remuneraciones del sector financiero y que pone de manifiesto un grado de cumplimiento "medio o bajo".

El ministro de Economía y Competitividad añadió que hay que ser conscientes de que la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez "era responsable" de esa vigilancia.

"El Estatuto de autonomía del Banco de España se va a respetar", confirmó De Guindos, quien señaló que lo importe ahora son tomar decisiones "que miren hacia adelante".

De Guindos precisó que la confianza en los profesionales del Banco de España "es muy elevada y han colaborado muchísimo, porque son los que tienen el conocimiento".

FUNDACIONES ESPECIALES

Por otro lado, el real decreto ley contempla una serie de modificaciones en el régimen jurídico de las cajas de ahorros. Así, se simplifican la estructura organizativa y los requisitos operativos de las cajas que ejerzan su actividad de forma indirecta (las fusionadas que han cedido su negocio financiero a un banco de nueva creación).

En virtud de esta nueva norma, los órganos de gobierno serán la Asamblea General y el Consejo de Administración. El número de miembros del Consejo de Administración y la periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos de la caja de ahorros.

Además, no podrán destinar más del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social, es decir, el 90% de los ingresos que obtienen las cajas tendrá que destinarse a esta actividad.

En el caso de la transformación en fundaciones de carácter especial, se fija un umbral mínimo de capital de la entidad de crédito (25%) por debajo del cual la caja titular tendrá en todo caso que convertirse en fundación de carácter especial.

MÁS CRÉDITO Y MENOS ENTIDADES

A estas medidas se suman las anunciadas ayer por De Guindos en virtud de las cuales se da un año de plazo para que las entidades financieras lleven a cabo provisiones por valor de 50.000 millones de euros para hacer frente a activos inmobiliarios problemáticos.

De acuerdo con el plan del Gobierno, para los activos problemáticos se establece una provisión específica con una dotación extraordinaria con cargo a resultados de 25.000 millones.

Se prevé además un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso que irán a cargo de beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles o deuda subordinada...). Este importe será de unos 15.000 millones de euros.

En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria, se establece una provisión genérica del 7%, en previsión de un posible deterioro futuro.

Dicha provisión tendrá que realizarse contra resultados y su importe será de unos 10.000 millones de euros, con lo que se llega a los 50.000 millones. La fecha límite para efectuar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 31 de diciembre de este año.

Tras este proceso, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán un 80% de los activos problemáticos (ahora el 31%) de suelo, un 65% en el caso de las promociones en curso (antes el 27%) y el 35% en promoción terminada y vivienda (antes un 25%).

En suma, el objetivo del Gobierno es lograr un ajuste en el exceso de capacidad del conjunto del sector y mejorar la eficiencia para llegar a un menor número de entidades pero más solventes, que estén en condiciones de dar más crédito.

La reforma busca que salgan viviendas al mercado a precios reducidos y, al mejorar la transparencia y mejorar la percepción de fortaleza de las entidades, se van a poder financiar mejor fuera. De este modo, según Economía, se podrán poner en el mercado viviendas asequibles.