A juicio de Pérez, España necesitaba una medida que regulara la interrupción voluntaria del embarazo y que fuera similar a la que existe en los países de la órbita europea, es decir, combinando plazos con indicaciones y centrada en el derecho a la salud "y no en convicciones de tipo moral".

Esta medida llegó, a juicio de la Unaf, con la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en vigor desde 2010 y que ahora pretende "tirar por tierra" el nuevo Gobierno, a tenor de lo anunciado el ministro de Justicia, quien ha insinuado la posibilidad de volver a la normativa de supuestos de 1985.

En opinión de las asociaciones familiares, la nueva norma apunta a un camino de inseguridad jurídica para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en las primeras semanas de gestación, lo que es "impropio de un sistema democrático que defiende la igualdad y que debe garantizar la maternidad libremente decidida".

Finalmente, la Unaf señaló que con la ley que actualmente está en vigor las interrupciones en adolescentes no crecieron y el 87 por ciento de las menores que tenían 16 o 17 años informaron a sus padres o tutores legales y acudieron acompañadas de ellos a las clínicas donde les practicaron la operación, lo que demuestra, concluyó la entidad, que no existen argumentos que justifiquen las modificaciones.