El letrado se expresó así en el trámite de cuestiones previas en el que el propio Villarejo, que es abogado, había expresado su deseo de intervenir en su propia defensa. La presidenta del tribunal fue tajante y rechazó la posibilidad de una intervención “alalimón” en el juicio. Villarejo siguió la vista vestido con toga y sentado al lado del letrado que le representa.

En este juicio se analizan los encargos hechos por distintos empresarios a Villarejo en tres piezas desgajadas de la principal (‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’). Su letrado aseguró en una intervención de más de tres horas que ninguna de ellas tiene que ver con la actividad oficial de acusado como policía y las situó en el ámbito de sus negocios privados. Insistió también en que el origen de la investigación fue “una denuncia anónima” que preparó el CNI.

"Esta causa está viciada desde su propio origen”. A su entender se trata de “una causa preparada, una causa impulsada por el resentimiento, por el deseo de exterminar al enemigo, al considerado enemigo, por la expulsión del sistema de una persona que ha servido al sistema, a su país y a su patria", esgrimió el letrado.

García Cabrera reclamó al tribunal que le dé la oportunidad de demostrar a lo largo de la vista que todo el ‘caso Tándem’ ha sido diseñad por los servicios de inteligencia del Estado y que el CNI no sólo intervino, sino que tuteló todo lo que se hizo al respecto: "Vaya incendio que ha generado, vaya destrozo en la sociedad española, a empresas honorables, a nuestro propio patrimonio nacional, por una causa absolutamente loca para destruir al señor Villarejo", remachó el letrado.

NULIDAD DE LAS GRABACIONES

Otro de los caballos de batalla para las defensas en este juicio es lograr la nulidad de los audios que Villarejo grabó a lo largo de los años de manera secreta y que, en este momento, son la principal prueba en su contra. Así, el comisario pidió en la tercera sesión dedicada a las cuestiones previas que esas grabaciones sean expulsadas del procedimiento.

Para respaldar su petición, el abogado de Villarejo insistió en que esas grabaciones realizadas en su calidad de policía” se están usando de manera “ilícita” y pidió su anulación. Pero por si este argumento no fuera atendido por el tribunal, García Cabera defendió como segunda opción que el comisario las habría hecho en su calidad de abogado y, por tanto, estarían protegidas por el secreto profesional.

El letrado denunció, además, que el juez que instruyó la causa “no ha velado por la igualdad de las partes. Villarejo se ha enfrentado a dos acusadores: la Fiscalía y el juez de instrucción”, Manuel García-Castellón, cuyo comportamiento ha consideró “escandaloso”.

Otras defensas también se centraron en solicitar la expulsión de las grabaciones de Villarejo de este juicio. Es el caso del hijo de Villarejo, también acusado en este juicio, cuyo abogado denunció que esta causa es producto de una “investigación prospectiva” fruto de haber “escarbado” en su vida personal y profesional hasta dar con los audios.

También intervino este lunes la defensa del excomisario Enrique García Castaño, que se sumó a la petición de nulidad de las grabaciones que hizo José Manuel Villarejo y que le inculpan en esta causa porque, según dijo su abogado, podrían haber sido manipuladas al haberse roto la cadena de custodia y permanecer en manos de la Policía durante 17 días.

García Castaño, conocido por el apodo de ‘el Gordo’, era en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y está acusado sólo en dos de las piezas que se dilucidan en este juicio, 'Iron' y 'Land', en las que la Fiscalía solicita para él 52 años de cárcel.

Su abogado, Aitor Martínez, defendió que las grabaciones de Villarejo con terceras personas no pueden ser una prueba válida porque se hicieron de manera “subrepticia”, sin orden judicial y, por tanto, sin garantía legal alguna.

Además, las citadas grabaciones son copias de unos originales que no existen y de las que se trasladaron al juez sólo las transcripciones “estratégicas” que inculpaban a las personas que ahora se sientan en el banquillo sin que sea posible saber si contenían algún elemento que pudiera servir para exculpar a los acusados.

El letrado extendió sus sospechas sobre la unidad de Asuntos Internos de la Policía, que tuvo en su poder estas grabaciones por espacio de 17 días, por considerar probada la “animadversión evidente” que tenía hacia el principal acusado, el comisario Villarejo, quien, bajo su punto de vista, pudo encauzar la conversación para que sus interlocutores se comprometieran a realizar actos delictivos o reconocieran ilícitos penales.

Señaló también el letrado que en esas conversaciones Villarejo se presentaba como comisario o como abogado, en cuyo caso la charla estaría protegida por el secreto profesional. Al igual que otras defensas en las dos primeras jornadas del juicio, el abogado de García Castaño defendió que las grabaciones se obtuvieron en un registro sin amparo de una orden judicial. Anunció, en este sentido, que está dispuesto a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También en línea con lo defendido por otros acusados, el letrado argumentó en contra de la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso por entender que no se juzga a una organización criminal.

El juicio se retomará el próximo día 26 de noviembre, para continuar con las cuestiones previas que están planteando las defensas y escuchar la posición de la Fiscalía. El tribunal puede decidir después sobre sus peticiones o resolverlas en el momento de dictar sentencia.