Un total de 3.067 menores aragonesas interrumpieron el embarazo en 2007. Estos datos y la tramitación de la nueva ley estatal sobre interrupción voluntaria del embarazo han llevado al Partido Aragonés a registrar una proposición de ley en las Cortes de Aragón por la que las menores de edad aragonesas requerirán el conocimiento y la asistencia de un progenitor, tutor o autorización judicial para llevar a cabo la interrupción.

El PAR utiliza así la competencia que le reconoce el Estatuto y el Derecho civil aragonés. El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Javier Allué, ha afirmado que esta "asistencia" es una forma de mejorar y garantizar la protección de los menores como una "colaboración en la toma de decisiones que pueden afectar gravemente al futuro desarrollo de la personalidad de los hijos y no como una autorización". Aunque finalmente, Allué ha definido la asistencia como "tener conocimiento y estar conforme con la decisión, es decir, hacer presencia sin oponerse al acto".

En el supuesto de que la menor no tenga la asistencia de alguno de sus progenitores podrá acudir a un juez para que le autorice judicialmente. Esta propuesta viene porque "la trascendencia de la decisión hace preciso algo más que el consentimiento de la menor, dado el riesgo físico o psíquico", ha concluido Allué.