El escrito de recurso, firmado por el fiscal Jesús Alonso, pide que se revoque la última decisión de Pedraz, en la que devolvía el caso al juez de Menores de la Audiencia Nacional, y se decrete que es este magistrado el que debe hacerse cargo del caso.

La clave para resolver el conflicto es determinar si a efectos jurídicos Willy debe ser considerado mayor o menor de edad.

Mientras que Pedraz defiende que no se puede determinar con total certeza que el presunto pirata tenga más de 18 años, por lo que se debe considerar que es menor de edad, la Fiscalía y el juez de Menores de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, aseguran que sí se puede afirmar que es mayor de edad.

A la hora de sostener esta afirmación, el departamento del fiscal jefe Javier Zaragoza y el juez de Castro dan validez a un informe médico realizado por una clínica privada -mediante pruebas óseas y una radiografía panorámica de los dientes- y que afirma con un 97 por ciento de certeza que Willy es mayor de edad.

Por su parte, Pedraz respalda los informes realizados por los forenses de la Audiencia Nacional en base a las pruebas médicas realizadas por el hospital Madrileño de La Paz.

NUEVO INFORME

En un análisis realizado hoy, el médico forense del juzgado de Pedraz rechazó el informe de la clínica privada al entender que ni siquiera a través de las más precisas pruebas dentales y utilizando las tablas de maduración propias de los jóvenes de Somalia se puede determinar con exactitud la edad del presunto pirata y sólo se puede obtener una aproximación con un margen de error de unos meses.

El recurso de la Fiscalía sostiene que los informes de la clínica privada tienen "un grado de error que sería insignificante" y por lo tanto afirman "de manera rotunda" que Willy es mayor de 18 años. Además, el departamento de Zaragoza asegura que los médicos forenses utilizados por Pedraz "carecen de los conocimientos técnicos específicos para considerarlos expertos en la materia" y acusa al magistrado de realizar "meras especulaciones doctrinales".

La Sala de lo Penal no podrá reunirse para resolver el caso hasta que el abogado de oficio asignado al presunto pirata presente sus alegaciones, ya que Pedraz le concedió en su auto un plazo de cinco días a las partes.

Mientras tanto, el presunto pirata lleva cuatro días deambulando de juzgado en juzgado, una peregrinación en la que ha conocido hasta a cuatro magistrados de la Audiencia Nacional y ha dormido en la cárcel de Alcalá-Meco, en una casa de acogida y en un centro de detención de menores.