En el auto dictado hoy, y en contra de lo asegurado por la Fiscalía y por el juez de Menores de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, Pedraz argumenta que no se puede acreditar que Willy se mayor de edad, por lo que hay que entender que tiene menos de 18 años.

“Admitiéndose que existan muchas -o muchísimas si se quiere- probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso los informes establecen con seguridad plena una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado para proseguir la causa contra el mismo”, señala el escrito.

A la hora de devolver el caso a Pedraz, el juez de Menores dio crédito a un informe médico realizado por una clínica privada a petición de la Fiscalía, y que aseguraba en base a una radiografía dental y a unas pruebas óseas que el presunto pirata tenía más de 18 años. El auto del juez De Castro destacaba estas nuevas pruebas indicaban con un 97 por ciento de probabilidad que Willy es mayor de edad.

Antes de tomar una decisión, Pedraz solicitó esta mañana que se analizara el informe médico de la clínica privada. El médico forense de su juzgado rechazó este informe, al entender que ni siquiera a través de las más precisas pruebas dentales y utilizando las tablas de maduración propias de los jóvenes de Somalia se puede determinar con exactitud la edad del presunto pirata y sólo se puede obtener una aproximación con un margen de error de unos meses.

Por lo tanto, el magistrado de la Audiencia Nacional, al considerar que no se puede determinar con total certeza que Willy sea mayor de edad, decretó que debe ser considerado como si tuviese menos de 18 años en virtud del principio jurídico “in dubio por reo”, que establece que en caso de duda siempre se debe aplicar la medida más beneficiosa para el encausado.

DE JUZGADO EN JUZGADO

En consecuencia, Pedraz ni siquiera celebró la vista que estaba prevista y decidió devolver el caso al juzgado de Menores.

Mientras tanto, el presunto pirata lleva cuatro días deambulando de juzgado en juzgado, una peregrinación en la que ha conocido hasta a cuatro magistrados de la Audiencia Nacional y ha dormido en la cárcel de Alcalá-Meco, en una casa de acogida y en un centro de detención de menores.

Willy está acusado de un total de 36 delitos de detención ilegal -por los 36 tripulantes del atunero-, otro de robo con violencia, otro de asociación ilícita y un delito adicional de uso de armas, figuras que suman más de 200 años de cárcel.

Ante la previsión de que el Juzgado de Menores reitere su decisión de ayer y no se haga caso del cargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría verse obligada a intervenir para resolver la situación de Willy y determinar quién debe asumir la causa.

Las fuentes consultadas señalaron que es probable que la Fiscalía recurra la decisión de Pedraz y se plantee un conflicto de competencias ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.