Durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Sáenz de Santamaría detalló que el nuevo Ejecutivo ha eliminado "casi un 20% de los altos cargos" conforme al principio de austeridad marcado por Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría explicó que, sólo en el Ministerio de la Presidencia, se han reducido un 42% las direcciones generales y un 30% el gabinete de la Vicepresidencia, al pasar de 13 a 9 miembros. "Nuestro compromiso de austeridad va mucho más allá de la estructura ministerial. Toca extender este redimensionamiento a todo el sector público empresarial y fundacional", dijo.

Adujo que el país necesita en estos momentos de crisis económica un "recorte efectivo del número de organismos", "la fijación de criterios de homologación de las retribuciones" que reciben sus directivos y "la reducción efectiva del número de miembros de los Consejos de Administración".

Para ello, confirmó que esta misma semana se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local para consensuar, después del emplazamiento a las comunidades autónomas, a adelgazar la estructura pública.

"Lo que en cualquier empresa privada sería una gestión ineficiente, en la administración que gestiona los recursos de todos es, sencillamente, intolerable", exclamó la vicepresidenta.

Como argumento, criticó el "injustificado incremento en los últimos años" de los entes públicos durante los dos mandatos de Zapatero, hasta el punto de que entre 2004 y 2009 se ha disparado un 50% "hasta alcanzar las 4.023 entidades".

Sáenz de Santamaría anunció que el recorte comenzará por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto en la Ley General Audiovisual" al juzgar que las funciones de ese órgano las puede hacer otro ya existente. De ese modo, se ahorrarían 6,5 millones de euros.

Además, apuntó que otro órgano que podría eliminarse es el consejo asesor establecido en la Ley del Juego. "¿Merece la pena mantener una entidad individual de supervisión del juego, que cuesta más de 11 millones de euros, más de la mitad sólo por gastos de personal? ¿Tiene sentido mantener figuras que suponen un importante coste y no siempre una gran ventaja?", se preguntó.

RENOVACIÓN DE INSTITUCIONES

La vicepresidenta del Gobierno también incidió en la necesidad de llevar a cabo una importante regeneración democrática, incluida la renovación de las instituciones que estén pendientes de nombramientos desde hace más de dos años.

En particular, se comprometió a "proceder inmediatamente a la renovación" del Tribunal Constitucional, dado que el Congreso de los Diputados tiene pendiente nombrar a cuatro integrantes y no se hizo la pasada legislatura por falta de acuerdo entre PSOE y PP.

"El reto es recuperar por completo el prestigio que merece el Alto Tribunal, que se ha visto deteriorado en los últimos años y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico", dijo.

Sáenz de Santamaría avanzó incluso el propósito de presentar una ley orgánica que garantice el funcionamiento del Constitucional, incluida la recuperación del recurso previo para las reformas de los estatutos de autonomía.

También avanzó que se "redefinirá" el recurso de amparo porque el Constitucional está saturado por este tipo de recursos. Como ejemplo, explicó que en 2010 entraron 9.041 asuntos al Alto Tribunal, de los cuales 8.947 fueron de amparo.

Finalmente, la vicepresidenta prometió devolver al Parlamento el protagonismo que merece para que sea el "centro" de la política y garantizó que comparecerá al menos una vez al año en la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados para informar sobre los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia.

Sobre el CNI avanzó también que en febrero se aprobará la Directiva Anual de Inteligencia para modernizar los objetivos de los servicios secretos e impulsar el Estatuto del Personal del Centro.