En este contexto, en una comparecencia extraordinaria a petición propia en la Junta General del Principado, Cascos negó este martes que se proponga crear un frente común contra el Gobierno español. “No planteo plataforma, comisión o grupo alguno para enfrentar al Principado con el Gobierno. No creo en la eficacia política de los frentes institucionales”, aseveró.

Sin embargo, subrayó la necesidad de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy revise dicho acuerdo que, además de la pérdida económica, “puede dar lugar a un reparto injusto entre Comunidades Autónomas que resultaría insolidario porque haría recaer sobre el Principado un sacrificio presupuestario desproporcionado con la participación real de Asturias en el conjunto de España”.

En conclusión, dos de las medidas anunciadas en el Acuerdo de no disponibilidad presupuestaria establecen la supresión de inversiones del Ministerio de Fomento y la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón.

Así, entre obras de Infraestructuras en ejecución del Ministerio de Fomento y Convenios de Infraestructuras del Plan de la Minería del Carbón del Ministerio de Industria, el Principado señala que la cuantía de los recortes presupuestarios que podrían quedar afectados, vía eliminaciones, retrasos o rescisiones, se puede estimar en 1.283 millones de euros.

Cascos rememoró lo dicho en su día por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el día en que se aprobó el acuerdo, de que el objetivo del mismo era promover “un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles (sic)”. Pues para el caso asturiano, replicó este martes Cascos, “este propósito tiene todos los visos de incumplirse”.

Para el presidente asturiano, el Gobierno español “no puede ignorar” que Asturias es la “única” Comunidad Autónoma española con la población estancada en la última década, que presenta el “segundo peor” crecimiento del PIB por habitante en el mismo periodo, que tiene actualmente la tasa de población activa más baja de España y que permanece “deficientemente comunicada con el resto del territorio peninsular, con sus principales obras de infraestructuras paralizadas”.

Por ello, enfatizó, “no es admisible que en estas circunstancias sea la que reciba una cuota superior a las demás, y que pueda quedar situada a la cabeza de las Comunidades Autónomas más penalizadas por los recortes”.

Por último, desveló que aún no ha recibido respuesta a su solicitud de encuentros con los ministros de Hacienda, Fomento e Industria para tratar esta cuestión.