El Cermi considera que "deberían apoyarlo las fuerzas políticas parlamentarias, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los agentes sociales tradicionales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y las personas mayores, de modo que estuviera soportado en un gran consenso institucional y cívico".

Las medidas de impulso y consolidación, a juicio del Cermi, tendrían que pasar por culminar su desarrollo, "sin moratorias o replanteamientos a la baja"; garantizar su sostenibilidad económica; fortalecer la visión de la autonomía personal y la vida independiente frente a la dependencia pasiva, y asegurar la equidad territorial sin tratos desiguales por razón del territorio.