Giménez hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida este lunes con la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia para abordar el tema de los impagos de las administraciones públicas al sector.

Según dijo, los responsables de la Consellería han comprometido, concretamente, 17 millones de euros para afrontar las necesidades prioritarias de los centros más afectados.

A juicio de Aerte, esta medida debe ir seguida de nuevos compromisos de pago "para aliviar la difícil situación en la que se encuentra el sector socio-sanitario autonómico".

No obstante, el presidente de la patronal autonómica de residencias reconoció la "buena voluntad" de la Consellería de Bienestar Social y la intención de los gestores públicos de solventar el total de la deuda en febrero.

De hecho, comentó, se ha concertado una nueva reunión para el próximo miércoles, 1 de febrero, con el fin de comprobar la realidad de los pagos realizados y los nuevos compromisos de pago inmediatos.

Y es que, subrayó el presidente de Aerte, si las residencias no reciben el dinero que se les debe, no podrá evitarse "el desmantelamiento de la red socio-sanitaria autonómica y la pérdida de un derecho democrático adquirido por nuestros mayores y las personas en situación de dependencia".

Giménez recordó que la deuda contraída por la Administración afecta ya a 25.000 familias, 13.000 trabajadores profesionales directos, 6.000 indirectos y 188 empresas.

En cualquier caso, el representante de esta asociación se mostró "esperanzado" en que, una vez solventada esta etapa de falta de liquidez, "las palabras se conviertan en hechos y se reordene y corrijan las deficiencias que han provocado el acumulado de la deuda" por parte de la Administración.