Esta estimación parte del déficit del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2011 pronosticado por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy y que le lleva a adoptar "las medidas presupuestarias necesarias para alcanzar los objetivos fiscales establecidos".

Según el Banco de España, por el lado del gasto se incluyen la actualización de las pensiones, la congelación de los salarios públicos, las restricciones al empleo público y la declaración de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado (prorrogados para el ejercicio 2012) por valor de 8.900 millones de euros.

Mientras que por el lado de los ingresos se incluyen el incremento de los tipos de gravamen de las rentas del trabajo y del ahorro del IRPF, la reintroducción de la deducción de vivienda en este impuesto, el mantenimiento del incremento del pago fraccionado para grandes empresas en el impuesto sobre sociedades, el aumento del impuesto sobre bienes inmuebles y la extensión del tipo superreducido del IVA del 4% para la adquisición de vivienda.

"El esfuerzo fiscal restante para garantizar el cumplimiento de los objetivos se ha definido suponiendo que se concentra en el lado del gasto público", añade el boletín del mes de enero.

Asímismo, el organismo establece que en 2013, el ajuste simulado "recaería únicamente por el lado del gasto" y proyecta "una reducción del déficit público de 3,6 puntos del PIB en 2012, con una caída del peso del gasto público sobre el PIB de 2,8 puntos y un incremento de los ingresos de 0,8 puntos".

"Todas las partidas de gasto contribuirían a esta reducción, con la excepción de las prestaciones sociales y la carga de intereses, que aumentarían en 2 y 4 décimas del PIB, respectivamente", dice.

Sin embargo, el boletín añade que para 2013 se proyecta una disminución del déficit público de 1,4 puntos del PIB, ajuste que "se concentraría casi exclusivamente en el gasto público".

En esta línea de control, desde el regulador aseguran que las políticas económicas pueden facilitar una “disminución del coste del ajuste y aliviar su intensidad”.

Afirma que desde el punto de vista de la política fiscal, una “definición temprana de la composición de las medidas que deben permitir la corrección del desequilibrio presupuestario tendería a reducir la incertidumbre” y que “una mejora en la calidad de la información disponible acerca de la evolución de las cuentas de los niveles inferiores” de las Administraciones Públicas y su “temprana disponibilidad permitirían reaccionar a tiempo a las posibles desviaciones en la ejecución presupuestaria que se pudieran producir”.

Por otro lado, el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez afirma que "en la situación actual de extrema tensión en los mercados financieros a causa de la crisis de la deuda soberana europea, la perseverancia en el proceso de ajuste fiscal es ineludible, dado que los costes derivados de no hacerlo serían muy elevados".