Así lo indicó Bal en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, tras la aprobación por parte del Pleno del Congreso de los cuatro nuevos magistrados que formarán parte del TC, así como de los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas y la designación del Defensor del Pueblo. Un debate en el que Ciudadanos sí participó.

Por el contrario, como ya anunciaron, el partido de Inés Arrimadas decidió no participar en la votación telemática para escoger a los nuevos miembros de las citadas instituciones. Según Bal, esta formación no quiso participar en este “cambio de cromos” que se hizo en un “despacho entre Teodoro García Egea y Félix Bolaños”.

En este sentido, afeó que después de que las tres formaciones políticas, Partido Popular, PSOE y Podemos, hubieran anunciado este acuerdo a “bombo y platillo”, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, comunicara al resto de grupos parlamentarios que si querían podían presentar sus candidatos. “De qué van ustedes”, preguntó.

Asimismo, recordó que durante su participación en la Comisión Consultiva de Nombramientos para avalar la idoneidad de los candidatos, le dijo a Enrique Arnaldo, uno de los aspirantes al TC propuesto por el PP, que no era “idóneo” antes de abandonar el acto al considerarlo que se trataba de un “teatrillo”.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Preguntado por su opinión sobre la elección del socialista Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo, Bal aseguró que le tiene un “gran respeto”, así como “aprecio” y “cariño”, pero apuntó que “no es una cuestión de nombres”,

Al respecto, destacó que el Defensor del Pueblo vela por los derechos fundamentales, controlando a las administraciones públicas. Por ello, preguntó si en España no hay expertos en materia de protección de estos derechos que “no tengan afinidad política con el PP y el PSOE”, que son los que, en general, “dominan todas las administraciones públicas españolas”.

Durante la entrevista, Bal explicó que su partido presentó ayer en el Congreso proposición de ley orgánica para la despolitización de los órganos constitucionales, es decir, que exista un proceso de concurso de mérito entre los juristas de “reconocida competencia que” tiene España.

Sobre este tema, lamentó que ningún otro grupo parlamentario ha presentado iniciativas para tratar de establecer ese procedimiento de concurso de méritos. Además, aclaró que en su propuesta se respeta la designación que propone la Constitución, no plantea una reforma de la misma, sino que basta solo con aprobar esta reforma para establecer ese concurso de méritos.