En este sentido, el Cermi hace referencia a la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad o la valoración de la situación de dependencia, "que nunca antes habían sido grabados con ningún tributo por parte de la Administración Pública y que son imprescindibles para que las personas con discapacidad y las personas mayores puedan acceder a los derechos y prestaciones que llevan asociados".

El Cermi, tras analizar jurídicamente algunas de estas decisiones autonómicas, además de considerarlas "profundamente injustas", manifiesta que "no se ajustan a la legalidad fiscal, ya que no se pueden imponer tasas a hechos que no son obligatorios para los sujetos pasivos".

"Solicitar o no la declaración de discapacidad o dependencia es opción del ciudadano, no está obligado a ello, por lo que únicamente se puede grabar ese hecho a través de un impuesto, y no de una tasa", añade.

Además, según continúa, "la creación de estas tasas sería, por lo tanto, contraria a la legislación tributaria básica".

El Cermi, que va a denunciar está situación ante el Defensor del Pueblo, reclama a los gobiernos autonómicos que han establecido estas tasas antisociales que "revoquen estas medidas y que no vean en las personas con discapacidad o en las personas mayores un campo abonado para su avidez tributaria".