En un comunicado conjunto, ambas organizaciones respondieron a la medida contenida en el documento firmado por el Gobierno y la Comisión Europea para recibir los fondos. En un anexo se especifica la “entrada en vigor” de un “ajuste en el periodo de cómputo, extendiendo el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” y se indica que la medida estará completa en 2022.

CCOO y UGT aclararon que extender el periodo hasta los 35 años desde los 25 años a los que se llegará en 2022 “no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, recordando que este punto generó “diferencias públicas” dentro del Gobierno.

Afirmaron conocer “bien cómo funciona y lo que significa actuar sobre el periodo de cálculo; a quién le reduce la expectativa de pensión y a quién se la mejora, así como sus efectos en cuanto a reducción de gasto en pensiones”, y consideraron “difícilmente comprensible que se coloque en el centro del debate una medida tan controvertida”.

CCOO y UGT subrayaron su oposición a ajustar el gasto en pensiones ampliando el periodo de cálculo y recordaron que eso “ni siquiera” está recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las dos organizaciones plantearon “evaluar los efectos” de los acuerdos de pensiones en 2011 y 2021.

También criticaron al Gobierno por su “oscilación constante de mensajes y posiciones sobre cuestiones que sabe que son sensibles” y consideraron que “su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio”, así como su capacidad para “complicar los procesos de negociación no parece tener límites”.

Además, apuntaron que en este momento hay cuestiones por resolver en el acuerdo sobre pensiones suscrito en julio como el mecanismo de equidad intergeneracional o la cotización de los autónomos.