Lo hizo a través de un comunicado en el que destacó que la cobertura de esta prestación “continúa siendo desigual” según los territorios, como lo atestigua el hecho de que territorios como Cataluña (4,9%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%) tienen guarismos bajos frente a Navarra (22,2%), Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%) con tasas más elevadas.

A su vez, deploró que tres de cada cuatro solicitudes del IMV han sido rechazadas, como consecuencia de “la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos” para solicitarlo, al tiempo que lamentó que la exigua tasa de aceptación (27%) “no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia”.

Este colectivo explicó que Inclusión, en respuesta a una petición suya en el Portal de Transparencia, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), ya que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia, mientras que otro 10% de los rechazados se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

Por ello, mostró su confianza en que el debate parlamentario que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados mejore la Ley del Ingreso Mínimo Vital y “dobleguen al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”.

Por último, acusó al Gobierno de haber cumplido “únicamente” con “un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país”, lo que, unido a las “colas del hambre”, debería “avergonzar” a los gobernantes.