Maroto hizo esta afirmación en su declaración como testigo en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra Garzón por haber ordenado intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los cabecillas del “caso Gürtel”.

El funcionario del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional inició su declaración señalando que se tuvo que dedicar exclusivamente a la tramitación del “caso Gürtel” y explicó que Garzón es un juez que exige “un escrupuloso cumplimiento” en su juzgado. “Era muchísima presión, a veces excesiva, tenía mucho estrés”, señaló

Maroto explicó fue uno de los mandos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quien alertó en el juzgado poco después de la detención y encarcelamiento de Correa y Crespo que “estaban moviendo dinero desde la cárcel”. Fue entonces, para prevenir este supuesto blanqueo, cuando Garzón ordenó intervenir las comunicaciones en la cárcel.

DERECHO DE DEFENSA

El funcionario de la Audiencia Nacional señaló que en el mes de marzo la fiscal anticorrupción Miriam Segura se presentó “muy nerviosa” en el juzgado. “Decía: Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel”, señaló el testigo.

Maroto aseguró en este sentido que tanto Garzón como las fiscales encargadas del caso “estaban obsesionados con que había que quitar todo lo que afectase al derecho de defensa” de las grabaciones.

Explicó asimismo que a finales de marzo, cuando se recibió la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Garzón insistió en que había que eliminar de la transcripción de las conversaciones “todo lo que afectase al derecho de defensa”.

Fue la propia fiscal Miriam Sabadell la que se encargó de indicarle a Garzón que partes concretas de las transcripciones había que eliminar.

El testimonio de Maroto fue aceptado por el tribunal ayer, al inicio de la vista oral. La defensa de Garzón solicitó su declaración en el trámite de las cuestiones previas y el tribunal, si bien rechazó la mayoría de sus pretensiones, si accedió a esta comparecencia.

PENA DE INHABILITACIÓN

Garzón está acusado en esta causa de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.