Esta respuesta será enviada al letrado mayor de las Cortes para que se la traslade al procurador, explicó hoy el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que afirmó que el “Gobierno de Castilla y León no tiene nada que ocultar” y acusó a Benito de montar un “barullo de papeles”, cuando como vicepresidente segundo de la Mesa –“no lleva aquí dos días”- debe conocer el Reglamento de la Cámara.

Benito presentó el pasado mes de febrero 30 preguntas, para las que pedía respuesta escrita, relativas a conocer si la Junta había contratado con otras tantas empresas presuntamente sospechosas de trabajar con la red Gürtel. El pasado martes realizó la pregunta ante el pleno de las Cortes y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, le respondió que no estaban formuladas de forma correcta porque debía incorporar el código de identificación fiscal.

El parlamentario dio ayer un plazo de diez días para recibir una respuesta, antes de adoptar otras medidas a las que tiene derecho. De Santiago-Juárez, después de acusarle de “poco serio, poco riguroso y poco trabajador” y de presentar algunos escritos de su queja y después de la retirada de la misma, con fecha de abril, aseguró que la Junta “no oculta información” y añadió que es “la primera interesada” en la transparencia.

De Santiago-Juárez recalcó que Benito es el “único” procurador que “crea problemas” con las peticiones de documentación que realiza y añadió que prefiere pensar que lo hace “adrede para confundir”, porque en caso de que no conociera el Reglamento tendría que dejar el cargo de vicepresidente segundo de la Mesa.

No obstante, el consejero portavoz no aclaró por qué, en aras a la transparencia, no facilitó en el plazo reglamentario –tiene 20 días para responder y otros 20 de prorroga- los datos que van a remitir ahora. De Santiago-Juárez insistió en que no les consta el escrito de mayo del letrado mayor a la Junta donde se dan por reformulas las preguntas, así como que ese escrito no tiene validez por no haber pasado por la Mesa.

“Van a sonreír cuando vean los contratos”, afirmó en referencia a las preguntas, que cifró, aproximadamente, en 5.000 euros con una empresa, para cuyo conocimiento se reitera la petición del código porque su nombre coincide con el de otra. De Santiago-Juárez preguntó a Benito por qué, si ha entendido que la Junta estaba incumpliendo el Reglamento de las Cortes, no ha realizado la denuncia hasta el pasado martes en el pleno de la Cámara.