Así consta en la décima enmienda conjunta que modificaría el artículo 19 de la ley, relativo a las diligencias de identificación y registro, de las cuales, como ya avanzó el negociador de Unidas Podemos, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, “deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”.

Los registros sólo podrán realizarse “cuando existan indicios fundamentados racional y objetivamente para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos análogos, relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención”. Como ya avanzó Santiago, “no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, Además, "se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó", que será del mismo sexo que la persona registrada.

En la misma línea garantista, reza la enmienda, “la aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito o infracción administrativa se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por el interesado”; un acta que “gozará de presunción de veracidad”, siempre que “resulte coherente, lógica y razonable" y "salvo prueba en contrario”.

Es en este punto en el que PSOE y Unidas Podemos han incorporado que "se contará con las medidas de accesibilidad precisas, tales como intérpretes de lenguas de signos, cuando resulte posible y tales recursos estén disponibles, para que las personas con discapacidad comprendan lo estipulado en el acta".

En otras enmiendas conjuntas, los partidos del Gobierno establecen que cualquier intervención policial "deberá justificarse por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana por vulnerar los derechos y libertades públicas de la ciudadanía, o alterar el normal funcionamiento de las instituciones
públicas".

Cualquier orden o prohibición de justificará también con una “resolución debidamente motivada, especialmente en los supuestos de limitación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales”, y, en el mismo sentido, sólo se podrá decretar una restricción de la circulación por vía pública “en supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o para la prevención de delitos que causen grave alarma social, así como cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración”, y “por el tiempo mínimo imprescindible para su restablecimiento”.

ENTRADA EN DOMICILIOS

Para la entrada en domicilio y en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas se señala como causa legítima suficiente "la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas, a los animales y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente, evacuación de personas y animales, u otros semejantes de extrema y urgente necesidad recogidos en la legislación del sistema nacional de protección civil". Por supuesto, inmediatamente los agentes tendrán que enviar atestado a la autoridad judicial.

En cuanto a la detención en comisaría, como también avanzó Santiago la semana pasada, “en ningún caso podrá superar las dos horas; excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”. Si al detenido se le ha trasladado a una localidad distinta, la Policía tendrá que devolverle a la de origen.

Respecto a las manifestaciones, se confirma en la enmienda conjunta 13 que “la carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”, de forma que “la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”. En una enmienda posterior, la 32, se añade incluso que la no comunicación no será ni siquiera infracción leve “cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Si se produjera algún delito durante una concentración, la reforma de la ley ya no menciona como responsables a los “organizadores o promotores”, como hace el artículo 30 de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, quienes ahora “quedarán, en todo caso, exonerados de responsabilidad por hechos ajenos cuya comisión no pudieron impedir empleando la diligencia exigible”, y "sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa".

Las sanciones, como ya anunció también el portavoz de IU en el Congreso, se regularán según “la capacidad económica del infractor” y su eventual minoría de edad. En concreto, para las personas que acrediten percibir un salario de hasta 1,5 veces el SMI, la reducción será del 50%, y para entre 1,5 y 2,5 veces dicha cantidad, del 25%. Además, en estos casos "se fraccionará el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados" y "se atenderá, pudiendo dar lugar a la suspensión de la sanción o a su reducción, a la conciliación de la persona autora con las personas ofendidas y a la actividad reparadora efectuada por la persona autora de la infracción", sobre todo si ésta es menor de edad.

Según otras modificaciones propuestas por PSOE y Unidas Podemos, dejan de ser infracciones muy graves y pasan a ser solamente graves las manifestaciones no comunicadas cuando supongan peligro para la vida o la integridad física de personas, pero se recupera la tenencia y no sólo la fabricación o utilización de armas, y la intrusión en lugares donde se presten servicios públicos, que no estaban como tales en la ley de 2015.

IMÁGENES DE POLICÍAS

La toma de imágenes de una intervención policial sólo será infracción grave “cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación”, y esta condición "deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Finalmente, como también adelantó Santiago, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana acordada por el PSOE y Unidas Podemos establece que en el diseño de los nuevos documentos nacionales de identidad “se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”.

Al margen de estas 51 enmiendas conjuntas, el Grupo Socialista ha presentado en solitario otras dos y el de Unidas Podemos otras ocho, que discrepan en algunos temas. Así, el PSOE quiere pasar de infracción grave a leve "la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías o establecimientos públicos o transportes colectivos”, mientras que el grupo confederal, partidario de despenalizar estas prácticas, apuesta por suprimirlas del todo del artículo dedicado a las infracciones.

Por su parte, Unidas Podemos propone, pero el Grupo Socialista no ha aceptado presentar conjuntamente, la supresión de toda tasa de expedición del DNI a menores de edad; o que “el uso de cámaras de videovigilancia móviles deberá hacerse costar en cada atestado por actuación en la vía pública” y las grabaciones custodiarse según la normativa de protección de datos.

Igualmente, el grupo confederal, aun manteniendo como infracción grave la demanda de servicios sexuales cerca de lugares donde haya menores, pide retirar un párrafo de la ley de 2015 que faculta a los agentes de la autoridad para pedir a las personas que ofrezcan tales servicios allí; lo hace “con el objetivo de proteger a las mujeres en contextos de prostitución, especialmente a aquellas más vulnerables”. Los socialistas, más nítidamente abolicionistas, no se han sumado a esta enmienda.

Por último, Unidas Podemos, sin el PSOE, pide que sólo se considere infracción leve los “insultos o injurias” a los agentes de la autoridad en el ejercicio e sus funciones, cuando el redactado actual de la ley recoge las “faltas de respeto y consideración”, un término más amplio y ambiguo, y contempla la posibilidad de suspensión de sanciones a cambio de actividades reeducativas.