Los acuerdos conseguidos en octubre, según informó este martes el Departamento que lidera Isabel Rodríguez, se alcanzaron abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.

Estos cuatro acuerdos (dos con Canarias, uno con Cataluña y otro con Andalucía) se suman al total de 80 acuerdos finales totales y 6 acuerdos parciales cerrados en esta legislatura.

En esta ocasión, con Cataluña, se ha cerrado el acuerdo relacional al Decreto-Ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler, “sobre la obligación de las administraciones de facilitar a las otras administraciones la información precisa para la actividad que desarrollen”, según el comunicado del Ministerio.

Con Andalucía, según Política Territorial, el acuerdo es por Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia.

En esta ocasión, “ambas partes coinciden en interpretar que el artículo 16 debe entenderse sin perjuicio de las condiciones y limitaciones previstas en el artículo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

En los casos de normas Canarias, el Ministerio informa que en los referido al Decreto-Ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado ‘Next Generation EU’, “ambas partes consideran solventadas las controversias” porque Canarias ha aprobado la Ley 4/2021, de 2 de agosto derogando dicho real decreto y, por tanto, “queda extinguido el precepto objeto de controversia.

También, con la Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, “ambas partes consideran solventadas las controversias suscitadas” dado que Canarias aprobó el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre que deroga la citada la disposición adicional segunda de la Ley 1/2021 y, por tanto, “queda extinguido también el precepto objeto de controversia”, concluye Política Territorial.