Así lo anunció el coportavoz de su Ejecutiva Pablo Fernández, en rueda de prensa en la sede del partido, en la que atestiguó que en Podemos están “disconformes porque esta ley mantiene intacta la ley 15/ 97 que permite la privatización de la Sanidad”. Una ley que el acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020 se comprometía a revisar, sin más concreciones.

“Apostamos sin ambages por la Sanidad pública, queremos desprivatizar la Sanidad”, subrayó. “La ley del PSOE continúa el camino marcado por la ley 15/ 97. No podemos estar de acuerdo, esperamos que el Partido Socialista se avenga a modificarla y acepte nuestras enmiendas”.

Fernández confirmó así que los ministros de Unidas Podemos no vetarán la aprobación de un anteproyecto del que fuentes del espacio confederal aseguran que no habían sido informados, pero no aclaró si en caso de que el PSOE no incorpore las enmiendas sus diputados votarán en contra de la norma.

“Nuestras enmiendas irán en la línea de la reversión de la privatización de la sanidad”, avanzó, y fuentes del partido concretaron que defenderían la vuelta a la sanidad pública de las concesiones que vayan caducando y que no se puedan aprobar otras nuevas. “Nuestra posición es muy clara. Confiamos que el PSOE acepte nuestras enmiendas y que entre en razón”.

“Si se apuesta por la sanidad pública se debe hacer con todas las consecuencias”, estableció, y y puso como ejemplo el Hospital de Alzira, antes privado y que la Generalitat valenciana ha recuperado para la propiedad pública. “La sanidad en ningún caso puede ser un negocio. Confiamos en que, como en otras ocasiones, el PSOE rectifique y se avenga a nuestros planteamientos”.

En un hilo de Twitter, el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, reiteró esta posición, negó que la UE obligue a concertar servicios sanitarios, recordó que la Ley de Contratos del Sector Público permite a éste gestionar directamente servicios sociales, y sintetizó: “Unidas Podemos propone que el modelo organizativo común, ordinario y preferente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistirá en la titularidad pública y la gestión pública directa de los servicios, centros y establecimientos sanitarios’.