Según apuntó la formación de Santiago Abascal, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha estado concediendo incentivos salariales de hasta 2.000 euros a los directores de centros penitenciarios por otorgar el tercer grado a presos.

Asimismo, destacó que los propios funcionarios de prisiones han denunciado públicamente las “presiones” que están recibiendo por parte del Ministerio de Interior y, en concreto, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para cumplir con las cifras de excarcelación de reclusos bajo la amenaza de traslado a destinos más duros.

Vox aseguró que, a raíz del asesinato del niño de nueve años en Lardero, La Rioja, presuntamente a manos de un hombre que estaba en libertad condicional desde abril de 2020 tras cumplir una condena por asesinato de una mujer, salieron a la luz estas prácticas “reprobables” por parte de Interior.

Según este partido, esta política de “incentivación” de concesión del tercer grado de los presos, conocida estos últimos días en relación con el caso Lardero, es “un ejemplo más” de las políticas de “cesión” del Gobierno a las exigencias de sus aliados políticos de EH Bildu, como también lo fue, a su juicio, el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.

BATERÍA DE PREGUNTAS

Por todo ello, Vox presentó en la Cámara Baja una batería de preguntas por escrito para que el Gobierno explique cuáles son las razones y los motivos que justifican la política penitenciaria aplicada para pagar un plus de productividad a los directores de cárceles por conceder a los presos el tercer grado.

Asimismo, pregunta cuántos incentivos salariales se han reconocido por la concesión de tercer grado a presos durante la presente legislatura y si el Gobierno tiene conocimiento de la realización de esta práctica por parte del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En caso afirmativo, Vox quiere saber cuántos incentivos salariales se han reconocido por la concesión del tercer grado a presos etarras durante esta legislatura, así como qué protocolos de comunicación respecto de los trámites de progresión a segundo o tercer grado y permisos penitenciarios realiza el director del centro penitenciario.