El Comité aseguró que como Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, España está obligada internacionalmente a adaptar su sistema educativo, en relación con el alumnado con discapacidad, a los principios, valores y mandatos del tratado internacional de la discapacidad, que en su artículo 24 establece el paradigma de la educación inclusiva, sin ningún tipo de segregación por motivos de discapacidad.

La legislación española vigente en materia educativa y las prácticas de las distintas Administraciones en este ámbito son, en muchas ocasiones, contrarias al espíritu y a la letra de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, "por lo que deben revisarse sin tardanza para que España cumpla sus compromisos internacionales en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre los que figura, el de poder acceder a una educación inclusiva", añadió.

Asimismo, informó de que la ausencia de condiciones para garantizar una educación realmente inclusiva es una de las cuestiones que más quejas y reclamaciones suscita entre las personas con discapacidad y sus familias, "lo que indica la extendida insatisfacción con la que vive esta parte de la ciudadanía el proceso educativo en España".