Durante la sesión plenaria de la Cámara Alta, el portavoz del PSOE, Francisco Jiménez, indicó que los socialistas se adherían a las enmiendas del PP, CiU y PNV aprobadas en la Comisión de Interior sobre la obligación de destinar parte de la recaudación de las multas a ayudar a las víctimas de los accidentes de tráfico, de manera que se amplía la disposición adicional tercera del proyecto de ley salido del Congreso, donde se consensuó destinar el importe de las multas a la seguridad vial.

La ley del régimen sancionador de tráfico, que tiene como espíritu principal el pago exprés de las multas (reducir el tiempo desde que un conductor comete una infracción hasta que se le impone la sanción), retorna al Congreso después de tumbar varias enmiendas principales del PP.

Por ejemplo, que acogerse al pronto pago de la multa, con el descuento del 50%, no suponga perder el derecho a recurrir la sanción; mantener el recurso de alzada o la proporcionalidad de las multas (hasta 100 euros las leves, hasta 200 euros las graves y hasta 500 las muy graves, en lugar de los 100, 200 y 500 euros que recoge el proyecto de ley, respectivamente).

Sin embargo, todos los grupos parlamentarios acordaron ampliar el pronto pago de las multas de 15 a 20 días naturales, ampliar de dos a cuatro sanciones firmes por infracciones graves o muy graves el límite por el que un conductor no puede realizar ningún trámite relacionado con él mismo o su vehículo, o incrementar del doble al triple del tiempo rebasado el momento por el que la grúa se puede llevar al depósito un vehículo aparcado en lugares de estacionamiento con limitación horaria.

CICLISTAS

Además, el Senado da al Gobierno un año para revisar la normativa de las señales verticales y las agrande según la intensidad del tráfico y debido al incremento en la edad media de los conductores, y establece como infracción leve (con multa de 100 euros) y no grave que los ciclistas no lleven elementos reflectantes.

Que los vehículos de tres ruedas puedan circular a la misma velocidad que los de dos y que las sanciones prescriban en un año y no en cuatro son otras novedades aprobadas en el Senado.

El portavoz del PP, Luis Peral, aseguró que el objetivo principal por el que su grupo parlamentario presentó una batería de 73 enmiendas es garantizar la seguridad jurídica de los conductores, que "no es incompatible con la seguridad vial".

El portavoz de CiU, Josep Maldonado, que mostró su "derecho a la pataleta" por el poco tiempo que han tenido los senadores para preparar la sesión plenaria, defendió el proyecto de ley porque se adapta "a los tiempos actuales con las nuevas tecnologías y el carné por puntos".

Por último, el portavoz de Entesa Catalana de Progrés, Joan Sabaté, subrayó que el proyecto de ley es "bueno" y el representante del PNV, Joseba Zubia, destacó que "estamos ante una futura ley de gran relevancia. El procedimiento sancionador, nos guste o no, es uno de los elementos fundamentales de la política de seguridad vial".