IU pide medidas que ayuden al afloramiento de la economía sumergida y fomenten una protección social adecuada y que se incluyan actuaciones encaminadas a la represión de las conductas fraudulentas, pero también acciones positivas.

“Además de la necesaria implicación de todas las administraciones es importante que se potencie la información sobre derechos y deberes a toda la población, pero sobre todo a los inmigrantes, que son los más vulnerables, y que funcionen los servicios de Inspección de Trabajo, siempre en colaboración con los agentes sociales”, indicó Antero Ruiz.

Dijo que “la cantidad de trabajadores que están siendo remunerados en negro se ha triplicado en los últimos años por la crisis económica”, afirmó que la situación con la crisis económica “ha empeorado sustancialmente” e indicó que “la economía sumergida supone actualmente en nuestro país entre el 22 y el 25% del PIB”.

Manifestó que estas cifras demuestran que “nos encontramos ante un problema serio que requiere soluciones urgentes y coordinación entre todas las administraciones”.

“La economía sumergida debe ser frenada en sus tres dimensiones: fraude fiscal, deterioro de las condiciones de trabajo y fraude social, porque está suponiendo una pérdida de derechos sobre todo en colectivos como mujeres, jóvenes, inmigrantes y también jubilados”, señaló.