En el trascurso de un desayuno con medios de comunicación celebrado en Sevilla, durante el cuál se conoció esta decisión judicial, Lara se preguntó "si las actividades de Urdangarin y la investigación a que iban a dar lugar eran conocidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el principal partido de la oposición que ahora está al frente del Ejecutivo".

El máximo responsable de IU mostró su respeto a la investigación judicial en marcha y reclamó que la justicia que actúe con "agilidad, eficacia, rapidez y garantías procesales".

Al mismo tiempo, señaló que si finalmente se comprueba que ha existido algún tipo de delito "queremos que se resarza a las arcas públicas y se les devuelva todo lo extraído indebidamente".

En alusión a los datos ofrecidos el día anterior por la Casa Real sobre cómo distribuye entre sus miembros y el personal a su servicio el dinero público que recibe, Cayo Lara recordó que "a los españoles les costó acabar con la dictadura 38 años y ha costado 34 años conocer las cuentas de la Jefatura del Estado", algo que demuestra que "algunos elementos que deben ser normales en una democracia van excesivamente lentos en España".