Según indicaron a Servimedia fuentes gubernamentales, el Ejecutivo "no comenta" las resoluciones de los tribunales y siente "absoluto respeto" por la decisión del magistrado de levantar el secreto de sumario y llamar a declarar a Urdangarin como imputado.

El yerno del Rey deberá acudir ante el juez Castro el próximo 6 de febrero a las 9.00 horas para responder sobre los convenios firmados durante los años 2005 y 2006 entre el gobierno balear, presidido entonces por Jaume Matas, y el Instituto Nóos, por los cuales recibió 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, un dinero que podría haberse desviado a las empresas vinculadas a Urdangarin y su socio, Diego Torres.

La supuesta trama defraudatoria se habría extendido posteriormente por varias comunidades autónomas, pasando de Baleares a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.