En lo que va de año desde varias comunidades autónomas se ha denunciado la falta de intérpretes en centros educativos y universidades, lo que ha provocado que el alumnado sordo pueda acceder a la información y a los contenidos curriculares en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, explicó la citada confederación,.

La CNSE considera que el acceso a la educación es "una cuestión de derechos humanos" y que, por tanto, "la actual coyuntura económica no puede ser, en ningún caso, un argumento para dejar de ofrecer unos servicios que facilitan la educación y formación de tantos españoles".

En este sentido, la entidad recuerda que los servicios de intérpretes de lengua de signos deben prestarse de manera universal y gratuita, tal y como establecen varias leyes nacionales e internacionales.

Estas normas son, concretó la agrupación, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación de los ciudadanos sordos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.