En 2016 la norma cambió, y para acogerse a estas deducciones fiscales las familias debían acreditar que la persona con discapacidad en cuestión vivía en el mismo domicilio –y no en un centro especializado- y que existía una situación de dependencia.

Unas 2.000 familias se vieron de pronto en la tesitura de tener que presentar esta documentación acreditativa correspondiente a cinco años, pero hace unos pocos días Hacienda paralizó la solicitud de devolución del dinero.

En su intervención, Montero aseguró que el de Burgos es “un caso concreto" y destacó que la Agencia Tributaria es “independiente de Hacienda, algo que el primer partido de la oposición, con años de experiencia en el Gobierno, ya debería saber”.

En su opinión, lo que este organismo ha hecho ”es cumplir su cometido”: garantizar “que cada beneficiario de una ayuda cumpla con los requisitos que marca la ley, ni más ni menos”.

Sin embargo, para la senadora popular Cristina Ayala, "la Agencia Tributaria en Burgos ha puesto en marcha una persecución disparatada hacia familias con hijos con discapacidad, obligándolas a devolver deducciones fiscales por no estar justificada la dependencia y la convivencia".

Muchas familias tendrían que devolver unos 4.000 euros al año, cuando reciben una pensión media de 900 euros al mes, afirmó. Pero existen “casos más sangrantes”, como el de una familia con dos hijos con discapacidad que debería devolver 60.000 euros, indicó.

Por todo ello, pidió a la ministra que se comprometa a “mantener esta paralización” y que impulse “las modificaciones legales necesarias” para evitar dichas situaciones.

Ayala se preguntó también sobre las razones de “esta voracidad recaudatoria del Gobierno, que a su juicio obedece a la necesidad de asumir gastos derivados de su política, como “la tasa Google, el nuevo chiringuito Sánchez o el nombramiento de la embajadora feminista”.

Montero pidió a la senadora no utilizar “el dolor de las personas dependientes y de sus familias”, y reivindicó el aumento del 46% de los fondos destinados a dependencia durante los dos últimos años llevado a cabo por el Ejecutivo (la partida subió un 23% en los Presupuestos de 2022 y otro 23% en los del ejercicio anterior).