Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al responder a una pregunta parlamentaria de la senadora Mirella Cortès, de ERC, “sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la caída de ingresos de los ayuntamientos tras la supresión del impuesto de plusvalía”.

La senadora catalana criticó que la “inacción” de los gobiernos de PP y PSOE respecto a este impuesto, declarado inconstitucional la semana pasada por el Tribunal, “afecta gravemente a la situación financiera de muchos ayuntamientos”.

Cortès denunció que “la responsabilidad es única y exclusivamente del Estado”, al considerar que “debería haber restablecido el impuesto de manera justa”, pero que ni PP ni PSOE “han hecho nada”, por lo que reclamó que el Gobierno central cree “un fondo de compensación que permita a los ayuntamientos recuperar los ingresos que perderán por culpa de la pasividad del Gobierno del Estado”.

Por su parte, Montero afirmó que “la sentencia no se ha notificado” aún y que, por tanto, “no puede estar teniendo un efecto perjudicial algo que todavía ni siquiera ha entrado en vigor”. “Los ayuntamientos hoy por hoy todavía tienen en vigor una norma” sobre este impuesto, aseguró.

En este sentido, la titular de Hacienda apuntó que “la noticia que tenemos por la propia comunicación del Tribunal Constitucional es que en los próximos días u horas va a emitir sentencia respecto a declarar que la base imponible de este impuesto se aplica de forma que no es conforme a la norma magna”.

En cualquier caso, señaló que “el Gobierno lleva desde hace meses trabajando en la norma sustitutoria de este impuesto, de forma que cuando conozcamos la literalidad de la sentencia, que todavía ni siquiera la tenemos, tendremos la capacidad de ver si el trabajo sobre el que hemos ido avanzando realmente se corresponde a los puntos señalados por el Tribunal Constitucional”.

Esto permitirá, continuó explicando, que “de forma inmediata llevaremos el nuevo texto al Consejo de Ministros”, de forma que “la nueva norma permita a los ayuntamientos, con seguridad jurídica de los contribuyentes y garantizando la financiación local, poder seguir aplicando, cada uno según su voluntariedad, un tributo que es muy importante” para los ayuntamientos.

Así, Montero declaró que “tenemos que ver la sentencia”, pero adelantó que “no va a tener efecto retroactivo”, según se refleja en el borrador de la propia sentencia, de forma que “no dará a lugar a reclamaciones previas, excepto aquellas que estuvieran puestas con anterioridad” y que, por tanto, no será necesaria la creación del fondo de compensación.