Esta futura Ley Foral supone una regulación de segunda generación que viene motivada “por la persistencia en la sociedad de desigualdades”, según el Cormin, “pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de la Ley todavía en vigor”.

Además, según este Comité, esta ley es muestra de “los cambios en la manera de entender la discapacidad y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias”.

En la práctica, según el Cormin, supondrá la aparición de un nuevo modelo social que abandona definitivamente el antiguo concepto de persona con discapacidad como aquel sector social que había que integrar y proteger, “bajo el principio de beneficencia”, para pasar a tener en cuenta el principio de inclusión, en la línea de lo aprobado en la reciente Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Actualmente, en el Cormin están integradas 15.000 familias y 28 entidades, de modo directo, representando de forma indirecta a un total de 52.000 familias que tienen relación con la discapacidad.