La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso interpuesto por los denunciantes contra la inadmisión a trámite de la querella, decretada el pasado 30 de agosto por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. “Los hechos reflejados en la querella no son constitutivos de delito”, señala el tribunal en el auto hecho público antes de afirmar que “no procede acordar la práctica de diligencia alguna”.

La querella, interpuesta en febrero pasado, acusaba a los responsables en España de las tres agencias de haber cometido delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y de uso de información privilegiada por emitir opiniones “altamente subjetivas y de escaso rigor técnico” para manipular “deliberadamente los ranking de deuda soberana y descontrolar los mercados en lugar”, causando con ello un gran daño “a las arcas públicas españolas, a los contribuyentes y a los ahorradores españoles”.

“Estas empresas modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos”, señalaba el escrito de querella.

REPROCHE A LOS QUERELLANTES

En el auto dictado hoy, los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por Ángela Murillo, reprochan a los querellantes no haber aportado “indicios serios” de criminalidad contra las tres agencias de calificación.

La querella fue presentada por la asociación Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), con base en Barcelona. Se adhirieron posteriormente Izquierda Unida y la Asociación Por una Tasación sobre las Transacciones Financieras.

El tribunal de la Audiencia Nacional critica a los querellantes por “silenciar cualquier tipo de indicio incriminatorio”.

“Los querellantes vierten reproches dirigidos a las tres agencias de calificación, hablando de actividades ‘opacas’, pero sin ni siquiera detallar en qué consistían”, indica la resolución dictada hoy por la Audiencia Nacional.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que citase a declarar como imputados a los máximos responsables en España de las tres agencias y que se ordenase la entrada y registro en sus sedes para recabar su documentación contable así como sus comunicaciones internas.

También querían que los juzgados requiriesen a Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s una lista de todos sus contratos y sus clientes y de todos los informes, avisos y comunicados de prensa emitidos sobre la calificación de riesgo de la deuda española.

Los querellantes aseguraban que estas agencias, mediante “la alteración en el precio de los productos financieros y deuda estatal”, obtienen unos beneficios de 3.000 millones de euros anuales.