Tras las sucesivas denuncias del Cermi, el anterior Congreso de los Diputados tomó en consideración por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias una proposición de ley del Grupo Socialista para modificar la vigente Ley del Jurado, que, según el Cermi, en su redacción actual "discrimina a las personas con discapacidad, a las que excluye en determinados casos de la función de jurado".

Sin embargo, esta iniciativa legislativa no llegó a ser aprobada por la disolución anticipada de las Cortes y se quedó en fase de enmiendas.

Según el Cermi, dado que la situación de discriminación contra la discapacidad persiste y que esto es contrario a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de acceso a la Justicia, "es necesario proceder con urgencia a este cambio legislativo, sobre el que había gran acuerdo de los grupos políticos".