Mas-Colell presentó el requerimiento al Ministerio de Economía y Hacienda para exigir el pago de esta cantidad y recordó que, si el pago no se ejecuta durante el mes establecido legalmente “continuaremos la acción judicial y presentaremos un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo”.

Además, el consejero anunció que el Gobierno informará a las instancias relevantes, incluidas las europeas, “de la situación de desprotección y extrema inseguridad jurídica en que el Gobierno saliente de España nos ha situado”.

Por su parte, el portavoz catalán, Francesc Homs, recordó que la obligación de pagar la Disposición Adicional Tercera del Estatut “se sustenta jurídicamente” en un acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Generalitat y en la consignación de la partida en los Presupuestos Generales del Estado, “que son ley”, añadió Homs.

Mas-Colell también informó de los ajustes de Tesorería necesarios para hacer frente al impago de los 759 millones por parte del Estado. La crisis de liquidez derivada de este impago obliga, según explicó, “a plantear medidas de excepción para su gestión”, que en todo caso serán “puntuales y transitorias”.

La primera es la demora de algunos pagos a proveedores, como también podría condicionar el pago de la extra de Navidad de los funcionarios. Así, mientras que el día 21, como es habitual, se hará efectiva la mensualidad ordinaria íntegra del mes de diciembre, el ingreso de la paga extra se trasladará al 28 de diciembre.

El consejero ha garantizado que los trabajadores recibirán, como mínimo, el 80% de la extra de Navidad, y que se podría aplazar una parte que no será superior al 20% del total.