Según explica el Consejo General del Notariado, estos registradores han provocado daños económicos a diversos ciudadanos, por valor de unos 8 millones de euros, porque no han permitido el acceso telemático de los notarios al contenido de los libros del registro en el momento de la firma de las correspondientes escrituras públicas.

El Consejo considera que dicho incumplimiento obedece a la defensa de intereses económicos de los registradores.

A fecha de hoy ningún notario puede acceder telemáticamente al contenido de los libros de los registros. La información de que dispone en el momento de firmar la escritura sigue siendo la nota simple que por fax le remite el registrador.

Según los notarios, este incumplimiento de la Ley por el colectivo registral está desequilibrando el sistema de seguridad jurídica preventiva: mientras que es ya una realidad la presentación telemática en los registros de las escrituras públicas, la información precisa para su redacción se sigue obteniendo por fax.

Tras siete años desde la efectividad de la ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y cuatro de la ley 24/2005 de reformas para el impulso a la productividad, ninguna autoridad, empleado o funcionario público puede acceder telemáticamente a los libros del registro, pese a que así lo establecen ambas normas.