Esta liquidación plantea que las corporaciones locales deberán devolver al Estado en cinco años un total de 4.378,71 millones de euros, de los que 434,31 millones corresponden a Madrid.

El Gobierno municipal pide que los ayuntamientos no tengan que soportar las decisiones del Gobierno central que han generado esta deuda. De prosperar el recurso, calcula que sólo se deberían devolver 268,22 millones de euros.

La razón por la que las corporaciones locales tienen que devolver tanto dinero al Estado, según Gallardón, es que los ingresos de éste en 2009 han seguido cayendo tanto que han provocado que el índice de evolución de la mayor parte de la financiación local caiga un 29%. Entre 2004-2008 el crecimiento de los ingresos del Estado fue del 13%, mientras que entre el 2004-2009 ha sido del -20%, lo que sitúa dicha financiación de 2009 en el 80% de su valor en 2004.

El menor crecimiento de los ingresos estatales incide en que la financiación local definitiva de 2009 sea inferior a la que se percibió como entregas a cuenta.

De ahí que el Estado pida la devolución de la diferencia, es decir, 434,31 millones sólo Madrid y 4.378,71 millones el conjunto de las entidades locales, explica el Ayuntamiento en una nota.

Pero la caída de los ingresos en 2009, agrega, no solo se debe a la crisis económica, sino también a decisiones adoptados por el Gobierno que afectan directamente a los ingresos locales, haciendo disminuir su cuantía y sin llevar a cabo ninguna compensación.

En julio de 2009 entró en vigor de la subida de tipos específicos que gravan los consumos de carburantes y tabacos (Real Decreto-ley 8/2009), lo que supuso una menor caída de la recaudación, pero no compensó el impacto recaudatorio de otras medidas estatales que afectaron directamente a la financiación local: reforma del IRPF de 2007, cheque bebé y deducción de 400 euros a los contribuyentes.

El efecto de estas medidas, según datos del propio Ministerio de Economía y Hacienda, ha supuesto una menor recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales (de los que depende la financiación de los ayuntamientos) de 12.451,54 millones de euros en 2009. Es decir, por sus propias decisiones fiscales el Estado ingresó casi 12.500 millones de euros menos en 2009.

El Estado podía haber concedido estas ayudas vía gasto, pero decidió hacerlo a través de beneficios fiscales en el IRPF, mermando directamente la financiación local y sin adoptar ninguna medida compensatoria, según Gallardón.

Esta es la segunda ocasión en que se recurre la liquidación practicada por la Administración del Estado (se hizo lo mismo con la liquidación de 2008).