A través de un comunicado, la formación que lidera Mariano Rajoy denunció "la inconstitucionalidad, desproporción en las medidas y el sectarismo en la utilización de las pruebas" con la que está trabajando la Fiscalía.

El PP recordó al departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido su obligación de "respetar la Ley y la verdad objetiva que se deduce de las pruebas del proceso" y criticó las "reiteradas incomparecencias" del fiscal general en el Congreso a pesar de las numerosas peticiones de la oposición.

Así censura a la Fiscalía por haber mantenido la acusación de cohecho contra el presidente de la Generalitat valenciana a pesar de que el sumario del "caso Gürtel" incluye conversaciones en las que los miembros de la trama aseguran no haber realizado regalos a Camps.

"Ignorar declaraciones de cargo exculpatorias y sostener esta acusación durante seis meses sin tenerlas en cuenta es especialmente grave, al igual que acusar a sabiendas de que existen pruebas que benefician al acusado y que el acusado no conoce. Lo mismo que formular luego recurso de casación es una gravísima irregularidad que no se resuelve con notas de prensa", reza el comunicado de los populares.

Asimismo, critica la versión del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía de que esas conversaciones no fueron suprimidas del sumario, lo que supone que "fueron ignoradas" por Anticorrupción en su intento de inculpar al presidente autonómico del PP.

El partido de Rajoy también subraya que se ha creado una situación de "clara inseguridad jurídica respecto de la seguridad de sus comunicaciones con sus abogados" por el hecho de que se hayan grabado conversaciones privadas de los implicados con sus letrados.

Por todo ello, anuncia que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, deberá responder a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Congreso por ser el responsable como órgano de relación del Gobierno con la Fiscalía.

El PP sostiene que "la interceptación de las comunicaciones de los abogados es un grave atentado al Derecho Constitucional de Defensa que no tiene justificación en legalidad ni mandamiento judicial posible. Con ella, se cercenan derechos de los detenidos y la dignidad profesional y el libre ejercicio del defensor".