La Sala Especial del Supremo –conocida como Sala del 61- ha decidido por trece votos a favor y dos en contra apartar del juicio contra Garzón al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza, según informaron desde el Alto Tribunal.

Garzón recusó a estos cinco magistrados al considerar que están contaminados por haber participado en la instrucción de la causa y la resolución de recursos.

Los miembros de la Sala Especial han rechazado en cambio apartar del juicio contra Garzón al magistrado Manuel Marchena, que también había sido recusado. Esta decisión ha sido adoptada por unanimidad.

El antiguo juez de la Audiencia Nacional recusó a Marchena por ser el instructor de la causa abierta contra él por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York. La Fiscalía, que había apoyado el resto de recusaciones, se opuso a apartar a Marchena del tribunal.

Con esta decisión, Saavedra y los otros cuatro recusados no podrán formar parte del tribunal que juzgará a Garzón el próximo 17 de enero por las escuchas del “caso Gürtel”.

PREVARICACIÓN

El magistrado, suspendido cautelarmente en sus funciones, está acusado en esta causa de delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación.

El instructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral contra Garzón en un auto dictado el pasado 11 de abril.

El instructor aseguró en esa resolución que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".

El objetivo del magistrado de la Audiencia Nacional era "obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos".

Esto provocó, a juicio de Barreiro, que Garzón, la Policía y la Fiscalía “tuvieran acceso de este modo a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración en el proceso”. De esta forma, “accedieron indebidamente a las estrategias de defensa establecidas entre los internos y sus abogados”.