Del mismo modo, la desnutrición puede afectar hasta 827 millones de personas también este año, según el informe publicado este martes por Oxfam Intermón bajo el título ‘Tras la crisis, la catástrofe’.

Presentado de cara a las próximas reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington, el trabajo achaca este esperable aumento de la pobreza extrema y del hambre a los efectos de la covid-19, al auge de las desigualdades y al encarecimiento de los alimentos, todo ello además agravado por la guerra en Ucrania.

Hace meses, el Banco Mundial había estimado que la pandemia y el empeoramiento de las desigualdades llevarían a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de 2022, lo que revertiría dos décadas de avances.

Sin embargo, Oxfam Intermón estima ahora (a partir de esos mismos estudios) que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumirá en la pobreza extrema a otros 65 millones de personas más, alcanzándose un total de 263 millones de nuevos pobres este año. Esto equivale a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas.

COMER O PAGAR

Oxfam subrayó que muchas personas tienen dificultades para hacer frente al drástico incremento del coste de vida, teniendo que elegir entre comer o pagar facturas médicas o de gas, y mientras, “la amenaza de una hambruna masiva se cierne sobre millones de personas que ya de por sí sufren graves niveles de hambre y pobreza en la región de África Oriental, el Sahel, Yemen y Siria”.

El informe destaca asimismo que numerosos gobiernos están en riesgo de impago de la deuda, lo que los obliga a reducir de forma drástica las inversiones públicas para poder pagar a los acreedores e importar alimentos y combustible.

En 2022, los países más pobres del mundo deberán reembolsar 43.000 millones de dólares de deuda, cantidad que podría sufragar el coste de todas sus importaciones de alimentos. En febrero, los precios de los alimentos a nivel global marcaron un nuevo récord, superando el alcanzado en la crisis de 2011.

Mientras, los gigantes del petróleo y el gas registran beneficios récord, prosiguió Oxfam, algo que se prevé que también suceda en el sector de los alimentos y las bebidas.

Las personas en situación de pobreza son las más perjudicadas por estas crisis, agregó Oxfam. De hecho, el incremento del precio de los alimentos supone el 17% del gasto de los consumidores en países ricos, pero alcanza el 40% en el África subsahariana. En Estados Unidos, el 20% más pobre de las familias destina el 27% de sus ingresos a adquirir alimentos, mientras que el 20% más rico, tan solo dedica el 7%.

En España, la subida del IPC hasta el 9,8% en marzo, la más alta registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida global de poder adquisitivo de 16.700 millones de euros, según Funcas. Esta situación coloca al país en una inflación que agrava la situación generada por la covid-19, donde en el primer año de pandemia más de un millón de personas pasaron a encontrarse en carencia material severa y más de 600 mil hogares empezaron a vivir sin ningún tipo de ingreso.

VOLUNTAD POLÍTICA E IMPUESTOS

Según el director de Oxfam España, Fran Cortada, la covid-19 ha afectado a las arcas de todos los gobiernos, pero los desafíos económicos que deben afrontar los países en desarrollo “son mayores, al habérseles negado un acceso igualitario a las vacunas y verse ahora obligados a aplicar medidas de austeridad”.

"Rechazamos la idea de que los gobiernos no tienen fondos o medios suficientes para sacar a todas las personas del hambre y la pobreza y garantizar su salud y bienestar. Por el contrario, lo que sí vemos es una total falta de creatividad económica y voluntad política para hacerlo", subrayó Fran Cortada.

Por todo ello, reclamó la adopción de medidas urgentes en todos los países como la adopción de impuestos sobre la riqueza temporales para financiar la recuperación; gravar “los beneficios caídos del cielo” que muchas grandes corporaciones están obteniendo con el encarecimiento de las materias primas; cancelar los pagos de su deuda a los países en desarrollo; aumentar los fondos destinados a ayudar a la población de Ucrania y a los refugiados en lugar de desviar partidas de otros países más pobres, y reasignar al menos 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) sin que ello suponga ni más deuda ni la imposición de medidas de austeridad.

En el mismo sentido, Oxfam instó al Gobierno español a liderar estas políticas y a adoptar un plan nacional con un amplio paquete de medidas de protección social, así como a poner en marcha un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios que obtengan las empresas energéticas.