El Ministerio Público considera que “no consta mínimamente acreditado ninguno de los presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional”.

En este sentido, el informe subraya que, en principio, en la trama investigada no se produjeron “defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que supongan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional”, ni “un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”, requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece para que la Audiencia Nacional pueda asumir la competencia del caso.

Anticorrupción pide en consecuencia que la causa permanezca en manos del actual instructor, el juez del “caso Palma Arena”, José Castro.

DECISIÓN DEL JUEZ MORENO

La Fiscalía ha presentado el escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien será el encargado de decidir si este órgano jurídico asume la investigación sobre el desvío de dinero público llevado supuestamente a cabo por el Instituto Nóos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 será por lo tanto el encargo de dar respuesta al escrito presentado por el abogado del expresidente de Baleares Jaume Matas, quien reclamó que la investigación sobre el Instituto Nóos sea asumida por la Audiencia Nacional.

La Fiscalía asegura en su informe que el escrito presentado por la defensa de Matas sólo “señala de manera un tanto vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona, pero lo dicho es sólo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye”.

El caso investiga, entre otros aspectos, los convenios firmados durante los años 2005 y 2006 entre el Gobierno balear, presidido entonces por Matas, y el Instituto Nóos, por los cuales el organismo del yerno del Rey recibió 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, un dinero que podría haberse desviado a las empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.

FASE “INICIAL”

Anticorrupción también destaca en su informe que la investigación se encuentra “en una fase inicial”. La Fiscalía sustenta su escrito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha interpretado de manera restrictiva la inhibición a favor de la Audiencia Nacional.

En este sentido, cita una sentencia en la que el Alto Tribunal rechazó la competencia de la Audiencia Nacional en un caso que investigaba la presunta defraudación a la Hacienda Pública estatal por un valor aproximado de 21 millones de euros.

La Fiscalía afirma que en el caso de las empresas de Urgangarín “la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra”.

IGUALDAD DE TRATO

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción garantizaron la semana pasada que la Fiscalía actuará en el caso de Urdangarín como con cualquier otro ciudadano y descartaron que el duque de Palma pueda acogerse a fuero alguno.

Aun así, Anticorrupción está estudiando si cabe la posibilidad de que el yerno del Rey declare por escrito si es llamado en calidad de testigo.