Entre las organizaciones firmantes, que abarcan ámbitos como derechos humanos, justicia climática, juventud, pueblos indígenas, religión y sindicatos, están la Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés), ActionAid International, Amnistía Internacional, Greenpeace y WWF.

La COP26 comenzará este domingo en Glasgow (Reino Unido) y la sociedad civil asegura que su éxito dependerá de compromisos reales de los gobiernos que se basen en la equidad y la ciencia y satisfaga las necesidades de las comunidades más afectadas por la crisis climática.

La reunión se celebrará después de que la OCDE apuntara este lunes que los países ricos no cumplirán hasta 2023 su promesa de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a las naciones pobres para que afronten el cambio climático, cuando lo habían comprometido en 2020.

Además, la COP26 debería cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París en cuanto a los mercados de carbono (es decir, que países y empresas intercambien créditos de emisiones de gases de efecto invernadero), de manera que se diseñen teniendo en cuenta reducciones reales de emisiones que no dependan de compensaciones y ‘créditos basura’. Ése fue el principal escollo en las negociaciones de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid de 2019

“CÓDIGO ROJO”

Por otro lado, el planeta se ha calentado poco más de un grado por encima de los niveles preindustriales. El secretario general de la ONU, António Guterres, apuntó recientemente que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es un "código rojo para la humanidad" y urgió a tomar medidas para frenar el calentamiento global.

Las pérdidas y daños se refieren a los impactos de la crisis climática que no pueden evitarse o minimizarse mediante actividades de adaptación y mitigación, lo cual viola derechos humanos y obligó a más de 30 millones de personas a abandonar sus hogares sólo en 2020. Los países y comunidades más pobres y vulnerables, que son las menos responsables del cambio climático, ya se enfrentan a sus impactos negativos por fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes e inundaciones o más lentos, como el aumento del nivel del mar.

La carta subraya que se prevé que las pérdidas y daños cuesten entre 290.000 y 580.000 millones de dólares en los países en desarrollo en 2030, y que una financiación acorde con esta necesidad es "esencial" para que las comunidades vulnerables se recuperen de los impactos climáticos a los que ya se enfrentan para reconstruir sus medios de vida y sus economías.

Las organizaciones firmantes subrayan que la financiación sobre pérdidas y daños debe desligarse de los 100.000 millones de dólares al año comprometidos por los países ricos y las economías emergentes para mitigación y adaptación, y centrarse en la equidad, la responsabilidad histórica y la solidaridad global aplicando el principio de que "quien contamina, paga". Esta financiación debería incluirse en los objetivos climáticos posteriores a 2025.

Además, la COP26 debería establecer un proceso para identificar la escala de financiación necesaria para abordar las pérdidas y los daños, así como los mecanismos adecuados para que el dinero llegue a los países en desarrollo. El resultado debería presentarse en la COP27 y estaría entonces listo.