En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta se refirió a las últimas palabras del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien apuntó que el “banco malo” es una herramienta más que se puede utilizar en un proceso de reestructuración financiera.

“Lo que he leído –de las palabras del gobernador- no me parece que dijera que veía la posibilidad” de crear este tipo de entidad, “si no que contestando a una pregunta, no se manifestó en contra” de la misma.

Salgado quiso dejar claro que el Ejecutivo “ha hecho la tarea que le correspondía”, para agregar que “no creo que sea este Gobierno estando en funciones quienes nos debamos de pronunciar sobre iniciativas” que puedan tomarse en el futuro.

En todo caso, subrayó que “sí podemos decir la experiencia” que hay de un país ”donde había también una importante burbuja inmobiliaria”, y en el que “seguramente” la decisión de “crear ese banco malo fue muy condicionante” en que “finalmente tuviera que pedir ayuda financiera externa”.

“Simplemente dejo ahí los hechos”, dijo la todavía responsable de Economía y Hacienda, quien agregó ello “no condiciona nada de lo que pueda hacer el próximo Gobierno en el ejercicio de sus competencias”.

EL PROCESO CONTINÚA

Salgado explicó que “estamos haciendo un proceso de transformación de nuestro sector financiero extraordinariamente importante y también en un plazo muy corto de tiempo”.

Así, recordó que se ha cambiado la forma de las cajas de ahorros, y que el 99% de la actividad financiera se desarrolla ahora a través de bancos, con lo que eso supone de gobernanza, de transparencia, y de adecuación a un esquema más moderno de desarrollo de la actividad financiera.

“Todo ese proceso evidentemente no ha terminado”, subrayó la ministra, para agregar que las inyecciones de capital que ha hecho el Frob tienen que ser vendidas en un proceso competitivo en un plazo de cinco años.

Por tanto, “seguiremos viendo cambios y transformaciones en nuestro sector financiero”. A eso, prosiguió, se ha añadido un saneamiento por parte de las propias entidades financieras, que es “transparente” y se puede cifrar en el 9% del PIB.