Los magistrados del Alto Tribunal han estimado los recursos interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra el archivo de las actuaciones decretado por Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, según consta en la sentencia hecha pública hoy.

Fabra estaba imputado en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón) por delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública por mediar presuntamente ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios. La Fiscalía acusó a Fabra de haber ocultado a la Hacienda Pública entre 1999 y 2004 un total de 2.087.573 euros a raíz de estos negocios.

Sin embargo, la Audiencia de Castellón acordó en diciembre de 2010 el sobreseimiento de cuatro de los cinco delitos fiscales –los cometidos entre los años 2000 y 2003- que se atribuían a Fabra, al entender que habían prescrito.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, al estimar un recurso interpuesto por Fabra, resolvió que los cinco años de investigación realizada por parte de los peritos de Hacienda sobre dichos delitos no suponían el acto jurídico necesario para paralizar el plazo de prescripción.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, sin embargo, señalan ahora que la investigación de los peritos si supuso un acto que paraliza el plazo de prescripción, fijado en cinco años para los delitos fiscales.

La sentencia del Alto Tribunal destaca que el 28 de febrero de 2006 la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ordenó a los peritos de Hacienda que llevasen a cabo una investigación para determinar “la naturaleza y origen del incremento patrimonial experimentado por el señor Fabra, su esposa e hijos durante los últimos cinco años (1999 a 2004)”.

El Supremo establece que esta resolución de la Audiencia de Castellón paralizó el plazo de prescripción de los delitos fiscales atribuidos a Fabra. Los magistrados subrayan que la resolución “posee un contenido sustancial propio de la puesta en marcha y prosecución de una investigación delictiva” contra Fabra y su familia, por lo que “este auto tiene capacidad para interrumpir la prescripción”.

15 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía Anticorrupción llegó a solicitar un total de 15 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón en esta causa. El Ministerio Público pidió además ocho años de cárcel para María Amparo Fernández Blanes, entonces esposa de Fabra, y cuatro años de prisión para el matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, los empresarios que comercializaban los productos sanitarios.

El fiscal aseguraba en su escrito de calificación que en el año 1999 Vilar y su mujer se pusieron en contacto con Fabra para que, “valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación en comercialización de productos fitosanitarios” elaborados por sus empresas.

Vilar era administrador único de la empresa Naranjax, mientras que su esposa era administradora única de la empresa Arcavi, dedicadas ambas a sintetizar productos fitosanitarios.

REUNIONES DE FABRA

Fabra, entre los años 1999 y 2002, mantuvo varias reuniones tanto con los responsables políticos como administrativos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, así como con determinados miembros del Congreso y del Senado.

En concreto, el 12 de julio de 1999 el presidente de la Diputación de Castellón se reunió con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el popular Jesús Posadas, y con el por entonces secretario general de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa.

En el encuentro se trató “la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios” y se informó a Fabra sobre “el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes cursadas por las empresas de Vilar y Vives”.

PAGO DE LAS GESTIONES

El 18 de octubre de ese mismo año fue aprobada la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario “Abamectina”, uno de los principales productos de las empresas de los acusados. Ante el éxito de las operaciones, Fabra, siempre según la Fiscalía, requirió a Vilar para que le pagara 25 millones de pesetas, dinero que el empresario finalmente abonó al presidente de la Diputación de Castellón.

En el mes de diciembre la sociedad Artemis, titular de los productos registrados por la empresa de Vilar y distribuidora exclusiva de los mismos, fue adquirida al 50 por ciento por Vives y por la esposa de Fabra, María Amparo Fernández Blanes. Vilar fue nombrado administrador de la empresa, que no tenía ni actividad ni trabajadores.

Tras la constitución de Artemis, Fabra “continuó en su tarea de intermediación ante las autoridades políticas y administrativas a favor no ya sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa”.

El presidente provincial buscaba “una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción y comercialización”, llegando a mantener reuniones con el director del Gabinete de presidencia, Alfredo Timermans, y con la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.

Por último, el 28 de abril de 2000 Fabra constituyó la sociedad Carmacas, de la que era administrador único. Según la Fiscalía, el presidente de la Diputación de Castellón utilizó esta empresa “para ocultar los pagos realizados por Vilar”.