Ante la intención del Ejecutivo de establecer próximamente el pago generalizado por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, el Cermi exige que por causas sociales las personas con movilidad reducida queden exoneradas desde el principio de estos nuevos peajes.

Este comité recuerda que “las personas con movilidad reducida se ven forzadas a utilizar de modo más intenso el transporte privado en vehículo particular, ya que los medios de transporte colectivo (ferrocarril, autocar, taxi, VTC, etc.), pese a los mandatos legales, están aún lejos de ser universalmente accesibles, por lo que supondría un sobrecoste añadido por razón de discapacidad, generándose un nuevo agravio para este sector cívico”.

“La economía de las personas con discapacidad es siempre más precaria que la del resto de población, tanto por sus menores ingresos medios, hasta un tercio de capacidad de renta inferior, como por el sobresfuerzo que han de realizar para adquirir los mismos bienes y servicios que las demás personas”, agregó.

Para el Cermi, “queda justificada sobradamente esta exención y espera que el Gobierno, si finalmente decide someter a peaje el uso de las autovías, la asuma”.