Los datos recogidos por Asuntos Penitenciarios demuestran un descenso progresivo en el número de personas seropositivas que ingresan en prisión. En 1989 el porcentaje de infectados por el VIH era del 28 por ciento, en 1990 fue del 24 por ciento y en 1991 descendió al 20 por ciento.

Una vez diagnosticada la enfermedad, los equipos de Atención Primaria de los centros penitenciaris comienzan a administrar a los reclusos AZT, de acuerdo con las pautas internacionales, e inician un programa de educación para la salud orientado a evitar la transmisión de la enfermedad.

Otras patologías de transmisión sexual o parenteral controladas por los servicios médicos de las prisiones, como la hepatitis B o la sífilis, también descencieron en los últimos dos años, debido, según el estudio, al marcado descenso del consumo de drogas entre los nuevos penados.

En el caso de la hepatitis B,el mayor problema es la atención a los reclusos que llegan con la enfermedad desarrollada. En 1989, el 56 por ciento de estas personas presentaron síntomas de esa patología, cifra que bajó a un 53 por ciento en 1990 y a un 41 por ciento el año pasado.

Los portadores del virus B experimentaron un menor descenso, desde el 6,5 por ciento de afectados registrados en 1989 y 1990, hasta un 5,3 por ciento detectado en 1991.

Según Asuntos Penitenciarios, en 1991 los responsables sanitarios de las prisions vacunaron al 72 por ciento de las personas ingresadas en prisión.

Por lo que respecta a la sífilis, la incidencia de la enfermedad descendió desde el 4,7 por ciento en 1989 hasta el 3,3 en 1991. En este año, se administró un tratamiento antibiótico a las 521 personas que presentaron síntomas de esta enfermedad.