Según informaron esta tarde en rueda de prensa el secretario de Organización de CCOO, José Luis Sánchez, y el de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, estos tribunales hanadmitido a trámite los recursos presentados por los sindicatos contra los servicios mínimos.

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá mañana, a partir de las 10,00 horas, para tomar una solución sobre este tema.

Los sindicatos anunciaron, además, que van a recurrir todos los servicios mínimos impuestos por las diferentes administraciones que no hayan sido pactados con las centrales.

UGT y CCOO lamentaron que aún no se hayan podido presentar todos os recursos, puesto que algunos servicios mínimos, como los correspondientes al Ministerio de Ciencia y Tecnología, aún no han sido comunicados a las centrales sindicales.

José Luis Sánchez anunció que, ante el 20-J, "vamos a garantizar clara y nítidamente el cumplimiento de los servicios mínimos esenciales, y le transmitiremos al Gobierno que no podemos garantizar los abusivos".

Sánchez destacó que la decisión tomada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de suspende cautelarmente los servicios mínimos dictados por la Generalitat "refuerza los argumentos sindicales sobre la imposición de servicios mínimos abusivos", mientras que "nuestra propuesta está basada en la jurisprudencia y está refrendada por los tribunales".

El dirigente de CCOO anunció, además, que se ha presentado un recurso contra el Ministerio del Interior ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la carta de la Dirección General de la Policía en la que se pedía a las empresas información obre el posible seguimiento de la huelga.

Por su parte, Ferrer advirtió de que los sindicatos "ni vamos a llamar ni hemos llamado al incumplimiento de los servicios mínimos". Además, mostró su deseo de que en el día de mañana los tribunales ratifiquen la posición sindical y suspenda cautelarmente más servicios mínimos impuestos.

Sánchez, que quiso "transmitir un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos ante el 20-J, afirmó que, "si dijéramos que íbamos a garantizar los servicios mínimos como el obierno el derecho de huelga, la gente estaría muy preocupada".

Ferrer resaltó las diferencias de actuación en comunidades autónomas del mismo "color político", como Galicia y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP.

Mientras en la primera se pudo llegar a un acuerdo en todos los ámbitos que equilibrara el derecho de huelga con el respeto al mantenimiento de los servicios esenciales, en la segunda los tribunales han suspendido los mínimos impuestos por el Gobierno de Eduardo Zaplana.COACCIONES

Los sindicatos volvieron a ahondar en las coacciones y presiones de los empresarios contra los trabajadores, especialmente contra aquéllos que tienen un contrato temporal, a quienes amenazan, según las centrales, con el despido si se suman a la huelga.

Sánchez señaló que las centrales estarán "alerta" tras el 20 de junio "para querellarnos de forma penal contra estos empresarios" si llevan adelante sus coacciones y despiden a los trabajadores que hagan huelga.

Además, los sindicaos comunicarán a los trabajadores que tienen a su disposición los servicios jurídicos de ambas centrales para que les garanticen el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

En concreto, UGT y CCOO se refirieron a la Asociación de Industrias de la Carne de España (Asocarne) y a la Federación Española de Asociaciones del Dulce (FEAD), quienes advierten, en sendos informes jurídicos facilitados a Servimedia, de la ilegalidad de la huelga al ser un paro político.

El informe jurídico de la FEAD firma que "la huelga puede considerarse como política y, por tanto, ilegal en base a la normativa que regula el derecho de huelga".

La FEAD advierte de que, si finalmente la huelga es declarada de "carácter político", los trabajadores "podrían incurrir en la causa de despido procedente" establecida en el decreto que regula el derecho de huelga.

En las recomendaciones que el gabinete jurídico de la FEAD hace a sus asociados se señala que "las empresas pueden considerar la huelga como una huelga esncialmente política por primar este aspecto sobre el interés profesional y, por tanto, podría ser considerada ilegal o, al menos, con una fuerte vehemencia de ilegalidad".

"Las empresas están en el derecho a difundir entre los trabajadores esta consideración y de advertirles de que, a su juicio, la participación en la misma podría ser causa de despido a tenor de lo establecido en la ley", añade el documento, que consta de dos páginas y está fechado el 4 de junio.

En el documento de Asocarne, de cnco páginas y fechado el 5 de junio, se abunda en los mismos argumentos y se ofrece información a los empresarios sobre seis puntos: "comunicación de la huelga; participación en la huelga, derechos y obligaciones; sustitución de los trabajadores huelguistas; comité de huelga; servicios de mantenimiento; y valor de la hora de descuento".

Sobre estas cartas, los sindicatos se han dirigido a la directora general de Trabajo, Soledad Córdova, y al director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Soial, Carlos María Font Blasco, para mostrarles su preocupación por la actuación de estas patronales.