Según fuentes del ministerio que dirige Angel Acebes consultadas por Servimedia, el objetivo de estos servicios mínimos es garantizar que la Administración de Justicia preste un servicio adecuado a los ciudadanos que lo requieran.

Los mismos servicios mínimos que en el Supremo y en la Audiencia Nacional regirán en las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas bajo competencia dl Ministerio de Justicia, que son Asturias, Cantabria, Aragón, Murcia, Extremadura, las dos castillas, Madrid, Baleares y La Rioja.

En otros órganos judiciales de estas diez comunidades, los servicios mínimos incluyen a un secretario judicial en las localidades con uno o dos órganos judiciales y al 30 por ciento de la cifra habitual en las demás ciudades.

También trabajarán el 30% del total de funcionarios médicos forenses en las capitales de provincia y uno en las demás localidades. En cuanto alpersonal laboral de conservación, limpieza y vigilancia, deberán acudir a trabajar un 30 por ciento de los empleados.

Las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia son Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, por lo que sus respectivos gobiernos regionales son los que fijan los servicios mínimos.

Los jueces y fiscales no tienen derecho a la huelga, por lo que no podrán sumarse a la convocatoria de los sindicatos UGT y CCO contra la reforma del desempleo aprobada por el Gobierno.