Ruiz-Gallardón indicó que ese decreto fue discutido e impugnado en su día por los sindicatos y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableió que la medida adoptada por Leguina era "lo necesario, lo adecuado y lo proporcional para el transporte".

"El presidente socialista por un lado y el aval del Tribunal Superior de Justicia por otro nos invitaba a mantener una norma que ha sido declarada absolutamente conforme", añadió.

El jefe del Ejecutivo regional apeló a la responsabilidad tanto de las Administraciones Públicas como de los sindicatos para que en el 20-J "demostremos la posibilidad de vivir en libertad: que el que quiera ejercr el derecho de huelga pueda hacerlo y el que quiera trabajar lo haga". Agregó que ese objetivo es el que se trata de garantizar con su decreto de servicios mínimos.

Ruiz-Gallardón presidió la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde afirmó que la comunidad que preside "ha alcanzado el grado de cohesión necesario para afrontar una segunda descentralización", hacia las entidades municipales.