El informe jurídico de la FEAD, al que tuvo acceso Servimedia, afirma que "la huelga puede considerarse como política y, por tanto, ilegal en base a la normativa que regula el derecho de huelga".

La FEAD advierte de que, si finalmente la huelga es declarada por los tribunales de "carácter política", los trabajadores "podrían incurrir en la causa de despido procedente" establecida en el decreto que regula el derecho de huelga.

En las recomendaciones que e gabinete jurídico de la FEAD hace a sus asociados se señala que "las empresas pueden considerar la huelga como una huelga esencialmente política por primar este aspecto sobre el interés profesional y, por tanto, podría ser considerada ilegal o, al menos, con una fuerte vehemencia de ilegalidad".

"Las empresas están en el derecho a difundir entre los trabajadores esta consideración y de advertirles que, a su juicio, la participación en la misma podría ser causa de despido a tenor de lo establecido en a ley", añade el documento, que consta de dos páginas y está fechado el 4 de junio.

En el documento de Asocarne, de cinco páginas y fechada el 5 de junio, se abunda en los mismos argumentos y se ofrece información a los empresarios sobre seis puntos: "comunicación de la huelga; participación en la huelga, derechos y obligaciones; sustitución de los trabajadores huelguistas; comité de huelga; servicios de mantenimiento; y valor de la hora de descuento".

Sobre estas cartas los sindicatos se han dirgido a la directora general de Trabajo, Soledad Córdova, y al director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos María Font Blasco, para mostrarles su preocupación por la actuación de estas patronales, según señalaron a esta agencia fuentes sindicales.

UGT y CCOO insisten en las coacciones y presiones de los empresarios contra los trabajadores, especialmente contra aquéllos que tienen un contrato temporal, a quienes amenazan, según las centrales, con el despido si se suman a la hulga.

Los servicios jurídicos de ambos sindicatos estarán "alerta" tras el 20 de junio "para querellarnos de forma penal contra estos empresarios" si llevan adelante sus coacciones y despiden o no renuevan contratos a los trabajadores que hagan huelga.

Además, los sindicatos comunicarán a los trabajadores que tienen a su disposición los servicios jurídicos de ambas centrales para que les garanticen el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.